Cómo detener la oleada de refugiados que está entrando a Canadá

Cómo detener la oleada de refugiados que está entrando a Canadá

La controversia con los refugiados que continúan entrando desde Estados Unidos sigue dominando las noticias a nivel nacional. El Ministro de Inmigración ciudadanía y Refugio, Ahmed Hussen, visitó Nigeria recientemente con la intención de pedir cooperación al gobierno de ese país para frenar la llegada de personas que sacan una visa temporal a Estados Unidos y luego entran a Canadá a pedir refugio.

Por su parte, la diputada encargada del portafolio de Inmigración del Partido Conservador, Michelle Rempel, no está de acuerdo en que el gobierno esté enviando al ministro Hussen y otros funcionarios para disuadir a los ciudadanos de Nigeria de venir a Canadá a pedir refugio. Ella cree que el gobierno debería tratar de cerrar la laguna legal por medio de la cual llegan todas estas personas a pesar de que los Estados Unidos es considerado un tercer país seguro.

El gobierno canadiense ya está en tratativas para intentar hacer el cambio al tratado, pero todavía no se sabe mucho de estas negociaciones que se están realizando entre ambos gobiernos.

Lo que sí tenemos claro, es que el número de refugiados sigue aumentando y que a pesar de que se ha incrementado el presupuesto para procesar estos casos, en la medida que los números se sigan multiplicando los procesos se irán retrasando cada vez más.

La eliminación de esta laguna legal que le permite a las personas entrar de manera irregular a Canadá sería sin lugar a duda una solución a la problemática, pero llegar a un acuerdo con los Estados Unidos puede tomar tiempo y, mientras tanto, el número de personas pidiendo refugio sigue aumentando. Pero este problema realmente no se centra solamente en los nigerianos, quienes en su mayoría están
con visas de turistas en los Estados Unidos, sino que se extiende también a alrededor de 400 mil personas más que actualmente están bajo tratados de protección temporal (Temporary Protected Status, TPS) en los Estados Unidos, los cuales están a punto de quedar eliminados.

Según datos oficiales, las personas afectadas por la eliminación de los programas de protección temporal en los Estados Unidos son 60 mil haitianos, 57 mil hondureños, 2,500 nicaragüenses y 260 mil salvadoreños, quienes comenzarán a ser deportados a partir del próximo año si no logran regularizar su situación migratoria o si no regresan voluntariamente a sus países de origen.

Ante la inminencia de esta problemática, en la comunidad latina se ha formado una coalición encabezada por la Asociación Salvadoreña Canadiense (ASALCA), que ha presentado una propuesta al gobierno para intentar disminuir la posibilidad de que muchas de estas personas entren al país de manera irregular y en masa, como lo están haciendo actualmente los nigerianos y como ya lo hicieron los haitianos.

La propuesta básicamente pide que se flexibilicen algunos programas ya existentes en Canadá para permitir que las personas que quieran venir al país lo puedan hacer de forma legal. Como, por ejemplo, los jóvenes que se encuentra en los Estados Unidos viviendo bajo el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) y las personas que están bajo los distintos TPS, que quieran venir a estudiar a Canadá para después beneficiarse con la posibilidad de trabajar en este país y eventualmente obtener su residencia permanente bajo el programa Canadian Experience Class.

Porque este programa les permitiría venir a Canadá con un permiso de estudios, así como anualmente lo hacen miles de estudiantes de todo el mundo. Tenemos estudiantes que vienen de China, de India, de Hong Kong, México, Venezuela, etc., quienes estudian un par de años y luego trabajan y pueden solicitar la residencia permanente en el país.

Lo único que el gobierno canadiense tendría que hacer en este caso es que los oficiales en los consulados donde estas personas vayan a hacer sus trámites les otorguen el permiso de estudio, ya que hay una tendencia a negarles el permiso de estudio, de trabajo o de visitante (es decir los permisos temporales) a las personas que se encuentran en un país que no es el de ellos, de manera indocumentada o con algún tipo de permiso temporal, momentáneo.

La otra sugerencia que se la ha hecho al gobierno es que flexibilice los requisitos del programa de trabajadores calificados, porque hay muchas personas que tienen las ocupaciones que Canadá requiere, pero tal vez por la edad no llegan al puntaje necesario para poder obtener la residencia permanente.

Estamos hablando de que, por ejemplo, en el sistema Express Entry los solicitantes empiezan a perder puntos por la edad a los 29 años, entonces, se podría hacer una excepción y permitirles que empiecen a perder puntos hasta los 35 años, como sucede en el programa de Trabajadores Calificados.

En algunos casos también se podría bajar un poco el nivel de inglés, porque para poder venir como Trabajador Calificado se necesita tener un nivel de inglés avanzado, casi como un nativo, y al bajarlo por lo menos un punto, con seguridad, más personas podrían calificar.

Una tercera sugerencia que se le ha presentado al gobierno federal es crear un programa de Razones Humanitarias y de Compasión donde las personas puedan solicitar la residencia y se tome en cuenta el tiempo que han estado viviendo en los Estados Unidos, el trabajo que han realizado, los estudios que han hecho y el establecimiento económico, ya que sabemos que la mayoría de las personas que se
encuentran en los Estados Unidos bajo el DACA o los TPS están muy bien establecidas, muchos de ellos tienen sus negocios, otros sus profesiones, y han logrado establecerse. En ese sentido, si pueden demostrar que pueden venir a Canadá y establecerse de la misma manera que lo han hecho en los Estados Unidos, trayendo sus bienes, se les debería permitir hacer su trámite de residencia permanente desde los Estados Unidos.

Hay muchas personas que también tienen familiares aquí en Canadá que, si bien no los pueden patrocinar directamente, podrían firmar un patrocinio en buena fe comprometiéndose a ayudarlos en el establecimiento durante los primeros años.

En resumen, el gobierno canadiense debería flexibilizar algunos de los programas que ya tiene para permitir que muchas de estas personas lleguen al país de manera legal, y así no tengamos que lidiar con lo que estamos lidiando en estos momentos: miles de personas que están entrando a Canadá de manera irregular a través de puntos ciegos de la frontera con los Estados Unidos.

Porque si se implementan estos cambios propuestos, habría mucho más control de la frontera, sabríamos exactamente quién está llegando, y las personas vendrían directamente con su residencia permanente. Esto implicaría que no tendríamos el temor de que si pierden los casos de refugio eventualmente se queden en el país de manera indocumentada.

En conclusión, el gobierno canadiense tiene en sus manos una propuesta presentada por organizaciones de nuestra comunidad que, de implementar sus recomendaciones, evitaría al país muchísimos problemas de establecimiento, de seguridad y de ayuda económica.

Vilma C. Filici BA. B.Ed. RCIC
Regulated Canadian Immigration Consultant ICCRC Number R410727
E-mail: [email protected]

Muchas decisiones de miembros del Consejo de Protección al Refugiado son sesgadas políticamente

Muchas decisiones de miembros del Consejo de Protección al Refugiado son sesgadas políticamente

Varios funcionarios y políticos, incluyendo al Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau, han comenzado una campaña en la que aconsejan a las personas que están entrando a Canadá de forma ilegal de que no lo hagan, puesto que el proceso que deberán pasar es el mismo por el que pasa toda persona que pide refugio en el país.

Están explicando que quienes lo hagan deben cumplir con todos los aspectos legales para ser aceptados como refugiados, es decir, que deben demostrar que cumplen con la definición de refugiado, que son creíbles, que no pueden tener protección de las autoridades de su país de origen, y que no hay ningún otro lugar dentro de su propio país donde podrían mudarse, establecerse y rehacer su vida.

Pero aun si la persona cumple con todos estos requisitos, tiene todavía que presentar su caso y convencer al miembro del Consejo de Protección al Refugiado (RPD) de que cumple con todos estos requisitos.

Y precisamente, una investigación realizada por la CBC sobre las decisiones tomadas por miembros del RPD, deja claro que cuando se trata de tomar una decisión sobre si alguien es o no refugiado, no hay un standard ya que éstas varían considerablemente. Cuando se observan, por ejemplo, decisiones tomadas en casos de refugio del mismo país por diferentes miembros de Consejo de Protección al Refugiado, se nota una discrepancia muy grande entre las decisiones.

Voy a tomar Venezuela como ejemplo. El promedio de aceptación de los casos de ese país es 74.5%. Pero la discrepancia entre miembros del Consejo en términos de aceptación es del 67%, porque hay miembros que tienen un promedio de aceptación del 100% y otros del 33%.

En términos generales, considerando todos los países, la variación entre decisiones positivas de los miembros está entre el 95.9% y el 23.8%.

El Consejo de Protección al Refugiado está compuesto por personas entrenadas y especializadas en las situaciones de abusos de derechos humanos que están sucediendo en los países con los cuales trabajan. En este sentido, tomando en cuenta que el RPD es un tribunal especializado, la aparente falta de un standard en las decisiones presenta un problema grave ya que el proceso pierde el sentido de justicia y se convierte en una lotería.

Así, si a una persona le toca un Miembro del Consejo que tiene un promedio de aceptación de 96%, lo más probable es que el solicitante de refugio sea aceptado, pero si le toca uno cuyo nivel de aceptación es del 23%, lo más probable es que su caso sea rechazado.

En conversaciones con un ex miembro del Consejo de Protección al Refugiado llegamos a la conclusión de que algunos de los miembros del Consejo no tienen la capacidad de ser objetivos cuando deben tomar las decisiones. Lamentablemente estos no se guían solamente por la evidencia presentada por el solicitante de refugio y por la evidencia presentada en términos de documentación personal y reportes de organismos de derechos humanos sobre la situación que se vive en el país al cual teme regresar. Así, estos miembros no logran dejar a un lado su ideología política y sus propias convicciones al momento de tomar decisiones que afectan la vida del solicitante.

Un miembro del Consejo de Protección al Refugiado debe ser lo suficientemente objetivo de aceptar a una persona que está siendo perseguida por un régimen de derecha a pesar de que el miembro sea conservador. Por lo menos eso es lo que se espera.

Idealmente, una persona que juega el papel de juez en un procedimiento debería guiarse por el testimonio del cliente, por la evidencia documentada que se presente y por la ley. Su propia ideología no debe jugar ningún papel en la decisión. Lamentablemente en muchos casos las decisiones tomadas son puramente subjetivas.

Muchas de estas decisiones se logran cambiar ante la División de Apelación del Refugiado o se logra obtener una decisión de la Corte Federal en la que se ordena una nueva audiencia por otro Miembro del Consejo de Refugiados, pero estos son procesos largos y costosos.

Recientemente, algunos clientes de mi oficina fueron víctimas de dicho procedimiento injusto por parte de miembros de Consejo de Protección al Refugiado. Eran solicitantes de Refugio del mismo país con casos relativamente similares, la variante más importante era el miembro del comité. En tres casos nos presentamos a la audiencia, entregamos la evidencia oral y los documentos y los miembros fueron muy amables y luego de terminar con sus preguntas inmediatamente dijeron que los casos estaban aceptados.

Pero en otros dos casos, las audiencias se convirtieron en un interrogatorio adverso, lo cual no debería ser en un caso de refugio ya que la audiencia está diseñada supuestamente para escuchar evidencia y no para atacar al solicitante. El tipo de preguntas no eran para obtener información sino para confundir y atacar. Incluso en una de las audiencias me vi forzada a llamarle la atención al miembro del Consejo para que desistiera de atacar e intimidar a mi cliente.

Las decisiones subjetivas ocasionan mucho estrés e inseguridad al solicitante, ya que al tiempo que están esperando solucionar sus problemas, están viendo que la situación en su país se está deteriorando y sufren el temor de posiblemente ser forzados a volver.

Muchos han dejado a su familia nuclear y hasta no solucionar su estatus en Canadá no podrán reunirse con ellos nuevamente. También generan un gasto excesivo ya que deben apelar estas decisiones ante la Corte de Apelaciones y/o la Corte Federal.
También ocasionan gastos al Refugee Protection Division, ya que un 33% de los casos rechazados que presentan una apelación son enviados nuevamente para una audiencia, y un número importante también son enviados de la Corte Federal para una nueva audiencia porque ha habido errores en la decisión o porque no se han seguido las reglas de justicia natural.

Aunque la División de Protección al Refugiado no es una corte formal, ni los miembros de esta división son jueces, ellos deben respetar el estado de derecho y no dejar que su ideología política influya en sus decisiones. No importa si un refugiado está siendo perseguido por la derecha o la izquierda, si la persona puede demostrar que tiene un temor bien fundado de persecución, el miembro debe poner de lado su ideología y brindarle el estatus de protección que está contemplado bajo las leyes.

Vilma C. Filici BA. B.Ed. RCIC
Regulated Canadian Immigration Consultant ICCRC Number R410727