Continúa controversia sobre posible llegada masiva de refugiados desde los EE. UU

Continúa controversia sobre posible llegada masiva de refugiados desde los EE. UU.

El verano pasado fueron los ciudadanos de Haití, ahora son los ciudadanos de nigeria que están entrando a Canadá vía Estados Unidos de manera irregular (ilegal) a pedir refugio en Canadá. Pero entre estos dos grupos hay una diferencia notable en términos de su modus operandi.

Los haitianos se encontraban ya en Estados Unidos por muchos años y al saber que la administración de Trump no les extendería el estatus de protección temporal, y ante la posibilidad de tener que regresar a Haití, decidieron encaminarse al norte, cruzar la frontera y pedir refugio en Canadá tomando ventaja de una excepción del tratado del tercer país seguro. Esta excepción dice que el tratado no tiene validez si el refugiado cruza por un lugar donde no hay frontera oficial. El tratado básicamente prohíbe que una persona que se encuentre en Estados Unidos pida refugio cruzando la frontera oficial por tierra.

Los nigerianos, por su parte, están usando la misma excepción al tratado para ingresar a Canadá, pero en el caso de ellos, no han estado viviendo en Estados Unidos ni corren el riesgo de ser deportados. Ellos están pidiendo visas de turistas para Estados Unidos, están llegando directamente de Nigeria a Estados Unidos para luego cruzar a Canadá ilegalmente y pedir refugio.

No es novedad de que cuando hay una laguna legal siempre salta algún grupo creativo, por no llamarlos corruptos, que toma ventaja de la situación. No creo que los nacionales de Nigeria estén planeando esta manera de entrar a Canadá por sí solos. Con el tiempo, probablemente sabremos que alguien en Nigeria les está vendiendo la idea de cómo ingresar a Canadá a cambio de un monto de dinero significativo.

El gobierno canadiense se encuentra en una situación delicada a causa de la constante crítica de la oposición y la reacción negativa del pueblo canadiense ante la entrada irregular de estas personas. Como en el pasado, el gobierno ha tomado cartas en el asunto para intentar frenar el flujo de refugiados de Nigeria. Ha mantenido charlas con el gobierno de Estados Unidos para que sean más selectivos al otorgar visa para Estados Unidos a ciudadanos de Nigeria. De hecho, el gobierno ha enviado a tres oficiales canadienses a Nigeria para ayudar a los oficiales de Estados Unidos a identificar a los posibles refugiados con el fin de negarles la visa a Estados Unidos y de esa forma frenar la eventual entrada a
Canadá.

La oposición no está de acuerdo con estas medidas y plantea que el gobierno canadiense debería estar en pláticas con el gobierno de Estados Unidos y renegociar el Tratado del Tercer País Seguro, eliminando la excepción que permite que las personas pidan refugio en puertos de entrada no oficiales.

Hasta hoy el Ministro de Inmigración no ha intentado cerrar esa laguna legal, en cambio ha intentado por varios medios disuadir a las personas de venir a Canadá a pedir refugio y, en el caso de Nigeria, estáinterfiriendo directamente en que les otorguen las visas a Estados Unidos. Los nigerianos son sólo una de las olas de refugiados que están entrando. Anteriormente mencioné a los haitianos, pero también hay muchas personas de África y de América Latina que están entrando.

Esta semana el gobierno de Trump anunció que no extiende el permiso de protección temporal a los hondureños que se encuentran en ese país desde que el huracán Mitch devastara ese país en el año 2000. Estas personas tendrían que abandonar los Estados Unidos para principios del año 2020. A estos se les suman también los salvadoreños, quienes tienen hasta septiembre del 2019 para abandonar Estados Unidos.

Ante estos anuncios, el Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Ahmed Hussen, dijo que estas cancelaciones de los TPSs no lo preocupan puesto que cree que los hondureños tienen hasta el 2020 para regularizar su estatus o salir del país.

La posición del ministro fue criticada por miembros de la oposición y por algunos abogados que piensan que el no planear es la mejor manera de fallar. Por supuesto que no veremos una ola de salvadoreños u hondureños inmediatamente, pero en la medida en que las personas no logren regularizar su estatus y se vean forzadas a salir a sus países, un porcentaje definitivamente va a comenzar su viaje a Canadá.

La coalición “El Puente”, iniciativa de la Asociación Salvadoreño Canadiense (ASALCA), formada en Toronto, Canadá, para ayudar a las personas con TPS y DACA en Estados Unidos, estima que un 20% de las personas afectadas por la cancelación de sus permisos temporales estaría probablemente llegando a Canadá. Tal vez el Ministro de Inmigración esté consciente de que estas personas llegarán en su momento, pero no le preocupa porque la División de Protección al Refugiado tendrá en ese momento la capacidad para procesar los casos rápidamente. El gobierno ha aumentado el presupuesto para procesar los casos de refugio en $173 millones de dólares. La idea es procesarlos rápidamente y sacar de inmediato del país a aquellas personas que no sean aceptadas como refugiadas.

En el plan está el contratar a unos 60 nuevos miembros de la División de Protección al Refugiado para así poder agilizar las decisiones. En conversaciones con algunas personas que trabajan en el Consejo de Inmigración y Refugio me he dado cuenta de que ser miembro del Consejo no es una posición muy atractiva en estos días puesto que el miembro del consejo ha perdido toda la ayuda que tenía anteriormente para hacer la investigación de los casos y escribir sus decisiones. A los nuevos miembros no se les garantiza el trabajo, sino que es una posición temporal por sólo dos años y por lo tanto tienen problemas para reclutar personas preparadas para desarrollar el trabajo.

La Coalición que mencioné anteriormente ha presentado una propuesta al gobierno para evitar que las personas entren a Canadá de manera ilegal. La propuesta es sencilla y simplemente requiere que el gobierno canadiense flexibilice algunos de los programas existentes para que las personas que se encuentren en Estados Unidos con el TPS o el DACA puedan obtener su residencia permanente como trabajadores calificados o mano de obra especializada.

Otra sugerencia es la de crear un programa especial similar al de los sirios para que las personas que están bien establecidas en Estados Unidos y tengan temor de regresar a sus países a causa de la violencia que se está dando en sus países de origen, puedan establecerse en Canadá.

Vilma C. Filici BA. B.Ed. RCIC
Regulated Canadian Immigration Consultant ICCRC Number R410727
E-mail: [email protected]

Canadá anuncia nuevo plan migratorio para los próximos tres años

El ministerio de inmigración de Canadá anuncia nuevo plan migratorio para los próximos tres años

Canadá anuncia la llegada de un millón de inmigrantes para los próximos tres años

El Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, Ahmed Hussen, dio a conocer esta semana su plan migratorio para los próximos tres años, y el anuncio fue muy alentador para la comunidad inmigrante.

En Canadá, hace mucho tiempo se hacían estrategias migratorias para cinco años, pero se habían dejado de hacer, y ahora, el ministro Hussen la está implementando nuevamente dando a conocer cuáles son los números de inmigrantes que espera traer el gobierno durante los próximos tres años.

Muchos investigadores han estado diciendo que, para poder mantener la fuerza laboral canadiense joven, se debe traer por lo menos el uno por ciento de la población canadiense. Y en su anuncio, el ministro dijo que para finales del año 2020 este número se va a aproximar a dicho porcentaje.

Así, si se sigue este plan, para el año 2020 se va a estar trayendo a aproximadamente 340 mil inmigrantes por año. Para el año 2018 el número será de 310 mil nuevos inmigrantes (es decir 10 mil más que este año 2017, cuya meta es 300 mil), luego, para el 2019 serán 330 mil y para el año 2020 llegaríamos a 340 mil.

En el anuncio no solamente es positivo el número de inmigrantes, sino que también la división de las plazas para las distintas categorías de inmigración. Porque también cada año se va a aumentar el número de inmigrantes que vienen como trabajadores calificados. Para el 2018 se espera un promedio de 78,200 trabajadores calificados, y va a aumentar en aproximadamente cinco mil cada año en el 2019 y el 2020.

Un aspecto que me parece muy positivo y sin lugar a duda va a ser de mucho interés para la población, es que el programa de padres y abuelos va a subir en sus números. En el 2018 el número total será de entre 17 y 21 mil, lo que significa que se va a duplicar el número de padres y abuelos que pueden ser patrocinados para venir a Canadá, dado que hasta el 2015 el número era de 5 mil y luego fue duplicado por el nuevo gobierno, y durante los próximos tres años se va a volver a duplicar y se va a mantener entre 17 y 21 mil.

También se ha fijado el número para los refugiados, el cual se va a mantener entre 48 mil y 56 mil en los próximos tres años, mientras que el número de casos por razones humanitarios y compasión se va a conservar más o menos en las mismas cuotas que se tienen este año, que son entre 3,500 y 3,600.

Estos números indican que el ministro Ahmed Hussen está haciendo lo que tiene que hacer, porque Canadá tiene un problema muy grande de una población que se está avejentando, donde muchas personas se están retirando y se estarán retirando en los próximos años, dejando vacíos en términos de la fuerza laboral aquí en Canadá.

Actualmente se tiene el problema del envejecimiento de la población, pero también está el problema del poco número de nacimientos dentro de la sociedad canadiense en general, es decir que no se están teniendo hijos al promedio necesario para mantener una fuerza laboral suficiente para sostener la economía.

Durante su anuncio, el ministro dijo que el gobierno cree que los recién llegados desempeñan un papel vital en nuestra sociedad, sobre todo si se tiene en consideración que “Cinco millones de canadienses se jubilarán para el año 2035 y tenemos menos personas trabajando para apoyar a personas mayores y jubilados”.

Explicó que el año 1971 había 6,6 personas en edad de trabajar por cada persona de la tercera edad, pero que en el 2012 esa proporción había bajado a 4,2 por cada persona de la tercera edad. Y las proyecciones establecen que será de 2 a 1 para el año 2036, cuando casi el 100% del crecimiento de la población será el resultado de la inmigración (actualmente es alrededor del 75 por ciento).

Pero este reemplazo de la fuerza laboral canadiense a través de la migración se está planificado realizarla de forma paulatina y no de golpe como a muchas personas les gustaría ver, y es paulatino porque no se trata solamente de traer a las personas al país, sino que hay que tener la infraestructura necesaria para poder ayudarlas a que se establezcan. Hay que tener puestos de trabajo, vivienda, escuelas, todo tipo de servicios para ellos, y si se aumentara significativamente la inmigración de forma repentina, por ejemplo, en cien mil personas de un día para otro, sería muy problemático.

Una situación parecida se dio ya en Alberta, cuando esta provincia recibió cien mil personas en un año, provenientes tanto de fuera como de dentro del país, y al no estar la provincia preparada para ese flujo migratorio tuvieron muchísimos problemas.

En este sentido, yo creo que lo que está haciendo el gobierno es muy inteligente y a la vez muy práctico, ya que se están dando el tiempo necesario para asegurarse de que todas las condiciones se den para poder recibir una inmigración que represente el uno por ciento de la población canadiense.

Viendo estos números, queda claro que también se van a beneficiar las comunidades inmigrantes dado que más personas van a poder entrar al país, y particularmente con el aumento de las solicitudes para padres y abuelos, ya que la asistencia de estos a las familias jóvenes es esencial. Hay que recordar que la presencia de los padres y los abuelos le va a permitir a los residentes y ciudadanos que tengan niños pequeños el poder salir a trabajar sin tener que preocuparse de los pequeños, dado que los padres y los abuelos generalmente cumplen la función de ayudar a las familias jóvenes con la educación y el cuidado de los niños.

Además, el hecho de que se haya aumentado el número de trabajadores calificados, que incluye profesionales y mano de obra especializada, significa que más personas de nuestra comunidad van a tener plazas para poder llegar a Canadá.

En esta lógica, lo que quiero recordar a nuestros lectores que quieran traer a familiares y amigos, o que quieran ayudarles a llegar a Canadá, es que los conocimientos de inglés y francés son extremadamente importantes y que no ha habido cambio en eso. En este sentido, el mejor consejo que se puede dar es que si quieren inmigrar a Canadá tienen que ponerse a estudiar inglés o francés a un nivel avanzado, y que si pueden estudiar ambos idiomas tendrán mucho más puntaje y más seguridad de ser invitados a presentar su solicitud de residencia permanente en Canadá.

Vilma C. Filici BA. B.Ed. RCIC
Regulated Canadian Immigration Consultant ICCRC Number R410727
E-mail: [email protected]

Departamento de Inmigración de Canadá nunca pide dinero por teléfono

Departamento de Inmigración de Canadá nunca pide dinero por teléfono

Sepa que información nunca dar por teléfono a supuestos “oficiales” canadienses de Inmigración

Hace varios meses escribí esta columna, y la estoy publicando de nuevo porque recientemente he estado recibiendo llamadas tanto de clientes actuales como de ex clientes, preguntándome el motivo por el cual el Departamento de Inmigración y Ciudadanía los está llamando para preguntarles información personal.

En el caso de las personas cuyos casos ya han sido concluidos, la respuesta es bien simple: no hay absolutamente ningún motivo para que el Departamento de Inmigración los esté llamando solicitándoles ese tipo de información.

En el caso de personas que aún están realizando sus procesos migratorios, hay ocasiones en que los oficiales de Inmigración llaman para confirmar si el cliente efectivamente está residiendo con la persona que lo está patrocinando, así como también pueden llamarlo para que envíe información adicional.

Pero un Oficial de Inmigración nunca va a llamar preguntando el nombre completo de la persona, fecha de nacimiento, número de seguro social, dirección, nombre de la madre, nombre y código para servicios en línea, número de licencia de conducir, número de identificación personal (PIN), detalles de tarjetas de crédito (número, fecha de vencimiento o los tres números de seguridad), información de cuentas de banco o número de pasaporte.

Los oficiales de inmigración no pueden pedir esta información porque la mayoría de ella ya aparece en el expediente que tienen y por lo tanto no hay razón para que se la estén solicitando por teléfono.

Precisamente debido a la proliferación de este tipo de llamadas, el 30 de junio del 2015 el Departamento de Ciudadanía e Inmigración público una advertencia sobre llamadas telefónicas fraudulentas, que son aquellas en las cuales personas inescrupulosas llaman a diversos números telefónicos haciéndose pasar por oficiales de inmigración. Hoy en día también han puesto una advertencia en el call centre (1888 242 2100).

Quienes llaman lo hacen para pedir información adicional que supuestamente es requerida para completar su archivo en el Departamento de Inmigración, o también más directamente pueden pedir una suma de dinero para supuestamente evitar que la persona sea deportada.

Tratan también de asustar a la persona citando leyes que supuestamente ésta violó, y los amenazan con orden de arresto, cárcel, pérdida de estatus migratorio y deportación si no pagan.

Las personas afectadas pueden ser ciudadanos, residentes permanentes o personas con cualquier otro tipo de estatus o en proceso de obtener alguno, pues los delincuentes utilizan información pública para asustar a quien atiende su llamado telefónico.

Una de las técnicas más utilizadas es decirle a la persona afectada que necesitan información adicional en su archivo dado que las leyes han cambiado, y que si no hacen la actualización de la información de forma inmediata corren el riesgo de ser deportados o rechazados.

Si en un dado caso el inmigrante que recibe la llamada replica que él es ciudadano y que por lo tanto no lo pueden deportar, los delincuentes le pueden “explicar” que una nueva legislación aprobada recientemente le da autoridad al gobierno para deportar de inmediato a quienes no sean ciudadanos canadienses por nacimiento y que por tanto cuenten con doble nacionalidad.

Obviamente información como esta hace sentido en muchas personas dada la gran discusión que hubo recientemente a través de los medios de comunicación en relación a la aprobación, a finales del mes de mayo del 2015, de la conocida como Ley Antiterrorista. Esta legislación efectivamente le da facultades al gobierno para revocar la ciudadanía de los canadienses con doble nacionalidad que sean condenados por espionaje, traición o terrorismo.

Pero si usted recibe alguna llamada de este tipo tenga por seguro que quien lo llama no es ni por asomo un oficial del Departamento de Inmigración, sino que más bien un delincuente que está tratando de quitarle dinero.

En casos cuando piden información, es para robo de identidad, con lo cual los criminales pueden usar la información de las personas para tener acceso a sus cuentas de banco, o abrir una, transferir el balance de dinero de la cuenta y quedarse con este, hacer solicitudes de préstamo, de tarjetas de crédito y otros servicios usando su nombre, hacer compras. También, obtener pasaporte o recibir beneficios del gobierno.

Obviamente esto puede ocasionarle grandes problemas a la persona cuya identidad sea usada para propósitos delictivos.

En este sentido, si usted recibe una llamada sospechosa, si tiene dudas de que quien lo está llamando sea verdaderamente un oficial de Inmigración, puede decirle al supuesto oficial que antes de responder ninguna pregunta va a confirmar que quien está llamando efectivamente representa al Departamento de Inmigración. Así, puede entonces cortar y llamar al teléfono de información de inmigración, que es el 1-888-242-2100, y preguntar si efectivamente un oficial lo está llamando, y de ser así, pedir que lo vuelvan a llamar.

Pero si lamentablemente no se percató de que la llamada era un fraude y dio la información, debe asegurarse de controlar todas sus cuentas, incluyendo las tarjetas de crédito. También debe reportarlo a la policía, a las instituciones financieras, compañías de tarjetas de crédito y a los burós de crédito (Equifax Canada: 1800-465-7166 y Trans Union Canada: 1877-525-3823).

Otras advertencias para prevenir el robo y el uso de identidad son no responder a correos electrónicos no solicitados, no responder a llamadas telefónicas que traten de obtener información personal, no llevar toda la documentación en su billetera sino que llevar lo absolutamente necesario, revisar periódicamente sus reportes de crédito, sus estados de cuenta del banco y de tarjetas de crédito, y reportar cualquier irregularidad inmediatamente a las instituciones respectivas.

También, durante las transacciones es más seguro que sea usted quien pase su tarjeta en la maquina a que lo haga el cajero, nunca pierda de vista su tarjeta de crédito, téngala siempre en su mano, y cubra siempre su número de identificación personal cuando esté usando una tarjeta de débito o de crédito en un cajero.

Memorice todos sus números de identidad para pagos con tarjeta, nunca los escriba en las mismas tarjetas, y familiarícese con los ciclos de cobro para todos sus pagos.

Recuerde también que los basureros son una mina de oro para los ladrones de identidad, y por tanto asegúrese de romper cualquier documento personal o financiero antes de tirarlo en la basura.

Si cambia de domicilio asegúrese de informar al correo y a todas las instituciones financieras (bancos, compañías de crédito, etc.) sobre su nueva dirección, y este siempre atento a sus cuentas. Siga todos estos consejos y así evitará tener sorpresas desagradables.

Y si tiene dudas sobre llamadas que está recibiendo del Departamento de Inmigración y no sabe qué hacer, si efectivamente provienen del ente gubernamental, consulte de inmediato con su asesor o su abogado en materia migratoria, él o ella le dirán lo que usted debe hacer.

Vilma Filici

Ministra podría perder su ciudadanía

Ministra podría perder su ciudadanía

Podrían quitar ciudadanía a Ministra de Trudeau por haber “mentido” en su proceso migratorio

Durante las últimas semanas ha sido muy interesante darle seguimiento a la situación en la que se encuentra la Ministra de Instituciones Democráticas de Canadá, Maryam Monsef, quien siempre pensó que había nacido en Afganistán y por tanto todos sus documentos son afganos, cuando en realidad nació en Irán.

Al haber dado un lugar de nacimiento incorrecto, éste ha quedado registrado en sus documentos de inmigración y posteriormente en su ciudadanía canadiense, y por tanto hoy podrían quitarle no solamente la ciudadanía canadiense, sino que también la residencia permanente, y eventualmente deportarla, si se determina que el lugar de nacimiento era un hecho determinativo en la decisión de otorgarle a su madre, a ella y a sus hermanas, la residencia permanente en Canadá.

Esto es posible por la nueva Ley de Ciudadanía que está vigente en Canadá, la cual fue propuesta por el anterior gobierno conservador y fue apoyada por el Partido Liberal.

Bajo esta legislación, una persona en una situación como en la que se encuentra la ministra Monsef no tiene derecho a una audiencia en la cual pudiera probar que hay razones humanitarias y de compasión, que van más allá de la ley, que le permitan seguir viviendo en el país a pesar de que aparentemente haya habido un fraude migratorio.

Es interesante que en estos momentos se esté juzgando no solamente a la ministra Monsef, sino que a toda persona que se encuentra en una situación similar, con las leyes que están actualmente en efecto, cuando estas personas llegaron al país hace más de 30 años, tiempo en el cual las leyes eran mucho más relajadas y por tanto un refugiado podía llegar a Canadá sin tener documentación y de todas maneras se le procesaba el caso, no se le detenía. Se le hacían preguntas y estudios para determinar su nacionalidad, pero sin penalizarlos por llegar sin documentación o por decir que eran de un país donde en realidad no habían nacido.

La nueva ley fue introducida por el gobierno conservador de forma retroactiva, por lo cual afecta directamente tanto a la ministra Monsef como a cualquier otra persona que se encuentre en situaciones similares, no importa cuando haya llegado al país.

Los medios de comunicación y los especialistas están hablando sobre las posibles consecuencias de que a esta mujer se le quite la ciudadanía porque en realidad nació en Irán y no en Afganistán, tal y como dicen sus documentos de identidad. Ella ha dicho que llegó a Canadá cuando tenía 11 años de edad, que no fue ella quien dijo en qué país había nacido, sino que lo hizo su madre y  que ella recién se ha enterado de su lugar de nacimiento. Creo que se debería tener en cuenta que en el momento de su llegada era menor de edad  y no se le puede hacer responsable de la información que diera su madre y que aparece en los documentos.

Pero es interesante que nadie haya dicho que la mamá de la ministra Monsef era una viuda con varias hijas escapando de un país donde el abuso hacia las mujeres es reconocido internacionalmente, haya sido ese Irán o Afganistán. La madre y las hijas estaban en peligro, y una madre, como haría cualquier persona que se encuentre en peligro en cualquier país del mundo, usó los recursos que pudo para llegar a un lugar seguro donde pudo obtener protección.

Obviamente si no tuviéramos la nueva ley de ciudadanía vigente en este momento, el caso de la ministra Monsef y de otras personas que se encuentran en situaciones similares sería resuelto simplemente con una solicitud a la Corte de Apelación de Inmigración demostrando la situación que se vivía en esos países hace treinta años, y la situación que se continúa viviendo particularmente para las mujeres. Se podría argumentar el excelente perfil de la ministra y todos los estudios y trabajos que ha hecho, así como también su contribución política. Pero dado que el gobierno anterior, con el apoyo del Partido Liberal, votaron a favor de dicha ley, esto no se puede hacer.

El actual gobierno está implementando esta legislación al pie de la letra y hasta hay reportes de que a cierto número de personas se les quita la ciudadanía mensualmente. Y estamos hablando de personas que han cometido un error en su trámite, como el cometido por la Ministra Monsef, ya sea por necesidad, ignorancia, confusión, etc.

Durante la campaña electoral el Partido Liberal dijo que iba a hacer algunos cambios a esta ley, y el Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, John McCallum, ha dicho que efectivamente va a hacer cambios, particularmente en la sección que dice que se le puede revocar la ciudadanía a personas que sean acusadas de crímenes serios y sean encontradas culpables, aun si son nacidos en Canadá pero que tienen doble ciudadanía. Eso está bien claro que es uno de los cambios que piensan hacer.

La expectativa que yo tengo es que en vista de lo que está sucediendo con uno de sus propios ministros, el actual gobierno se dé cuenta de la gravedad y la injusticia del hecho de que a una persona que se considere culpable de haber dado testimonio falso, cualquiera sea la razón, se le quiera revocar la ciudadanía sin darle la oportunidad de apelación ante la Corte de Apelaciones de Inmigración.

Porque con la actual legislación prácticamente no tiene ningún derecho. No tiene derecho a apelar, sino que es el Ministro quien toma la decisión, la persona es informada y tiene derecho a una revisión judicial, la cual se limita a ver si hubo errores legales en el fallo. Pero generalmente no hay errores legales porque la ley dice que, si la persona mintió en el trámite o fue encontrada culpable de ciertos crímenes, automáticamente recibe una revocatoria.

Lo que se necesita es que se establezca el mismo procedimiento que se le da a cualquier otra persona, que pueda presentar su caso ante la Corte de Apelaciones de Inmigración para que, si bien no haya habido un error legal, por razones humanitarias y de compasión se le pueda permitir permanecer en el país.

En este sentido, creo que el caso de la ministra Monsef es una excelente oportunidad para que este gobierno analice nuevamente su posición ante esta ley, dado que se está afectando a una miembro de su propio gabinete. Puede hacer los cambios necesarios que sean justos, que no penalice a las personas por acciones hechas por desesperación para salvar sus vidas y las de su familia o por errores cometidos involuntariamente, como es el caso de la Ministra Monsef.

 

Durante las últimas semanas ha sido muy interesante darle seguimiento a la situación en la que se encuentra la Ministra de Instituciones Democráticas de Canadá, Maryam Monsef, quien siempre pensó que había nacido en Afganistán y por tanto todos sus documentos son afganos, cuando en realidad nació en Irán.

Al haber dado un lugar de nacimiento incorrecto, éste ha quedado registrado en sus documentos de inmigración y posteriormente en su ciudadanía canadiense, y por tanto hoy podrían quitarle no solamente la ciudadanía canadiense, sino que también la residencia permanente, y eventualmente deportarla, si se determina que el lugar de nacimiento era un hecho determinativo en la decisión de otorgarle a su madre, a ella y a sus hermanas, la residencia permanente en Canadá.

Esto es posible por la nueva Ley de Ciudadanía que está vigente en Canadá, la cual fue propuesta por el anterior gobierno conservador y fue apoyada por el Partido Liberal.

Bajo esta legislación, una persona en una situación como en la que se encuentra la ministra Monsef no tiene derecho a una audiencia en la cual pudiera probar que hay razones humanitarias y de compasión, que van más allá de la ley, que le permitan seguir viviendo en el país a pesar de que aparentemente haya habido un fraude migratorio.

Es interesante que en estos momentos se esté juzgando no solamente a la ministra Monsef, sino que a toda persona que se encuentra en una situación similar, con las leyes que están actualmente en efecto, cuando estas personas llegaron al país hace más de 30 años, tiempo en el cual las leyes eran mucho más relajadas y por tanto un refugiado podía llegar a Canadá sin tener documentación y de todas maneras se le procesaba el caso, no se le detenía. Se le hacían preguntas y estudios para determinar su nacionalidad, pero sin penalizarlos por llegar sin documentación o por decir que eran de un país donde en realidad no habían nacido.

La nueva ley fue introducida por el gobierno conservador de forma retroactiva, por lo cual afecta directamente tanto a la ministra Monsef como a cualquier otra persona que se encuentre en situaciones similares, no importa cuando haya llegado al país.

Los medios de comunicación y los especialistas están hablando sobre las posibles consecuencias de que a esta mujer se le quite la ciudadanía porque en realidad nació en Irán y no en Afganistán, tal y como dicen sus documentos de identidad. Ella ha dicho que llegó a Canadá cuando tenía 11 años de edad, que no fue ella quien dijo en qué país había nacido, sino que lo hizo su madre y  que ella recién se ha enterado de su lugar de nacimiento. Creo que se debería tener en cuenta que en el momento de su llegada era menor de edad  y no se le puede hacer responsable de la información que diera su madre y que aparece en los documentos.

Pero es interesante que nadie haya dicho que la mamá de la ministra Monsef era una viuda con varias hijas escapando de un país donde el abuso hacia las mujeres es reconocido internacionalmente, haya sido ese Irán o Afganistán. La madre y las hijas estaban en peligro, y una madre, como haría cualquier persona que se encuentre en peligro en cualquier país del mundo, usó los recursos que pudo para llegar a un lugar seguro donde pudo obtener protección.

Obviamente si no tuviéramos la nueva ley de ciudadanía vigente en este momento, el caso de la ministra Monsef y de otras personas que se encuentran en situaciones similares sería resuelto simplemente con una solicitud a la Corte de Apelación de Inmigración demostrando la situación que se vivía en esos países hace treinta años, y la situación que se continúa viviendo particularmente para las mujeres. Se podría argumentar el excelente perfil de la ministra y todos los estudios y trabajos que ha hecho, así como también su contribución política. Pero dado que el gobierno anterior, con el apoyo del Partido Liberal, votaron a favor de dicha ley, esto no se puede hacer.

El actual gobierno está implementando esta legislación al pie de la letra y hasta hay reportes de que a cierto número de personas se les quita la ciudadanía mensualmente. Y estamos hablando de personas que han cometido un error en su trámite, como el cometido por la Ministra Monsef, ya sea por necesidad, ignorancia, confusión, etc.

Durante la campaña electoral el Partido Liberal dijo que iba a hacer algunos cambios a esta ley, y el Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, John McCallum, ha dicho que efectivamente va a hacer cambios, particularmente en la sección que dice que se le puede revocar la ciudadanía a personas que sean acusadas de crímenes serios y sean encontradas culpables, aun si son nacidos en Canadá pero que tienen doble ciudadanía. Eso está bien claro que es uno de los cambios que piensan hacer.

La expectativa que yo tengo es que en vista de lo que está sucediendo con uno de sus propios ministros, el actual gobierno se dé cuenta de la gravedad y la injusticia del hecho de que a una persona que se considere culpable de haber dado testimonio falso, cualquiera sea la razón, se le quiera revocar la ciudadanía sin darle la oportunidad de apelación ante la Corte de Apelaciones de Inmigración.

Porque con la actual legislación prácticamente no tiene ningún derecho. No tiene derecho a apelar, sino que es el Ministro quien toma la decisión, la persona es informada y tiene derecho a una revisión judicial, la cual se limita a ver si hubo errores legales en el fallo. Pero generalmente no hay errores legales porque la ley dice que, si la persona mintió en el trámite o fue encontrada culpable de ciertos crímenes, automáticamente recibe una revocatoria.

Lo que se necesita es que se establezca el mismo procedimiento que se le da a cualquier otra persona, que pueda presentar su caso ante la Corte de Apelaciones de Inmigración para que, si bien no haya habido un error legal, por razones humanitarias y de compasión se le pueda permitir permanecer en el país.

En este sentido, creo que el caso de la ministra Monsef es una excelente oportunidad para que este gobierno analice nuevamente su posición ante esta ley, dado que se está afectando a una miembro de su propio gabinete. Puede hacer los cambios necesarios que sean justos, que no penalice a las personas por acciones hechas por desesperación para salvar sus vidas y las de su familia o por errores cometidos involuntariamente, como es el caso de la Ministra Monsef.

Vilma Filici

Los inmigrantes dentro del discurso político

Los inmigrantes dentro del discurso político

No hay que dejarse sorprender por las políticas antiinmigrantes de algunos candidatos políticos

En la columna de hoy quiero hacer un pequeño análisis sobre las políticas migratorias de Canadá y de los Estados Unidos, y la razón es porque las similitudes entre dos candidatos políticos en ambos países son de temer si eres inmigrante.

El Candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, y la candidata a leader del Partido Conservador Canadiense, Kellie Leitch, pareciera que han tomado sus notas del mismo libro, es decir, del libro de la intolerancia cultural, del racismo y del perpetuar la ignorancia. En ambos casos los candidatos han hecho blanco de una comunidad étnica para sus propios fines políticos.

Lamentablemente a la comunidad de habla hispana nos tocó ser blanco en los Estados Unidos.

La intolerancia a las diferencias culturales es obvia y no es necesario reiterarlas puesto que los medios se han encargado de esto, y el repetir los comentarios y chistes racistas sólo sirve precisamente para incrementar el racismo.

Donald Trump presentó su política inmigratoria en Estados Unidos, y Kellie Leitch ha presentado la idea de que se debe escrudiñar más a los inmigrantes para asegurarse de que sus valores estén de acuerdo con los valores canadienses.

En ambos casos es un intento de vilificar a ciertas comunidades y a la vez es una falta de respeto hacia los ciudadanos pensantes de ambos países.  Ambas propuestas dejan la idea de que las puertas en ambos países están completamente abiertas y que cualquier persona puede llegar y establecerse, pero la realidad es muy distinta dado que en los dos países existen medidas de seguridad que escrutan a las personas que han hecho trámites para inmigrar.

Una persona que desea inmigrar a Canadá o a Estados Unidos no sólo debe calificar bajo el programa a través del cual está haciendo su trámite, sino que también debe pasar por varios exámenes para probar que es admisible.

El solicitante debe probar que no tiene record criminal en ningún país en el que haya vivido por más de seis meses a partir de cumplir los 18 años de edad. Este documento lo provee el solicitante, pero hay otro chequeo de seguridad que es hecho por los servicios de inteligencia canadiense, el cual no solamente se basa en actos o delitos cometidos por el solicitante a la residencia, sino también en actos u omisiones que pudieran tener un tinte criminal, incluyendo prácticas que en sus países serían normales, pero que para Canadá son delitos. Estados Unidos tiene procesos similares.

Después de que la persona obtiene la residencia permanente, cuando haga la solicitud para la ciudadanía, nuevamente será sometida a un chequeo de seguridad y tendrá que pasar un examen de conocimientos que incluye historia, geografía, política y cultura canadiense.

En un artículo en The Toronto Star, el Ministro de Inmigración, Refugio y Ciudadanía Canadiense, John McCallum, dijo que el querer escrudiñar a futuros inmigrantes para ver si tienen “valores anti-canadienses” es peligroso e ignora los procesos que ya existen.

Este es el caso también con algunos de los puntos de la propuesta inmigratoria de Donald Trump donde menciona procesos que ya existen en Estados Unidos, como por ejemplo el deportar a personas que hayan cometido delitos.

¿De verdad? En 1996 se firmó la ley anti terrorista la cual hizo mandatorio la deportación de residentes permanentes que recibieran una sentencia de prisión de por lo menos un año.  Desde entonces, la deportación de residentes y no residentes es mucho más rápida y se está dando con mucha más frecuencia en Estado Unidos. De hecho, el número de personas deportadas por cargos menores se ha incrementado, lo cual no fue la intención de la ley original.

Al hacer estos comentarios vacíos, los candidatos están jugando con la falta de conocimientos de la gente y están haciendo un daño irreparable a las comunidades atacadas, muchas de las cuales no manejan la información necesaria para diferenciar cuales son las políticas migratorias que les afectan y quienes son los que las están implementando.

Uno se pregunta por qué es que estos políticos hacen planteamientos que claramente van en contra de grupos significativos de personas, situación que al final se podría traducir incluso en falta de apoyo para sus empresas electorales.

El punto es que tanto Donald Trump en los Estados Unidos como Kellie Leitch en Canadá son candidatos de partidos de derecha, y los dos partidos han usado y continúan usando tácticas de exclusión y racistas para sus propósitos políticos. Lo hemos visto en Canadá muy claramente durante las últimas elecciones. Sus políticas afectan a los inmigrantes, pero a la vez fortalecen su base electoral histórica.

Aquí en Canadá, particularmente, el resultado de las recientes elecciones federales demostró claramente que la mayoría del pueblo no está de acuerdo con lo política de la división y de creación de sentimientos racistas.

Aunque la idea planteada por la candidata al liderazgo del partido conservador haya tenido aceptación en una encuesta llevada a cabo por el Toronto Star, que estableció que el 67 por ciento de los encuestados está de acuerdo con que se escudriñe los posibles valores “anti-canadienses” de los inmigrantes, no creo que sea posible crear un examen que permita descubrir los verdaderos sentimientos de las personas. Un instrumento de este tipo sólo podría llegar a conclusiones injustas que nada tienen que ver con la realidad sino más bien por la percepción del que haya creado el examen.

¿Qué se puede hacer entonces, como comunidades inmigrantes, para combatir esas ideas xenofóbicas?

Debemos estar muy alertas a este tipo de ataques. No se debe permitir que personas con esta mentalidad sean elegidas. No podemos caer en el juego de que no nos atacan a nosotros sino a otra comunidad y quedarnos tranquilos sin defender al atacado.

Tal y como lo estamos viendo en los Estados Unidos, los Latinoamericanos no somos inmunes a los ataques. Si nosotros permitimos y nos unimos a los ataques contra otros grupos, estamos dando permiso para que nos ataquen a nosotros. Después de todo, no somos nativos de Canadá y por lo tanto somos todos inmigrantes.

Vilma Filici

Es importante saber si califica o no para un trámite de inmigración a Canadá

Es importante saber si califica o no para un trámite de inmigración a Canadá

Si su caso de inmigración no tiene mérito, no pierda su dinero innecesariamente

Siento la necesidad de escribir esta columna para poner en claro ciertos puntos que son importantes en el trabajo que desarrollamos tanto los consultores como los abogados de inmigración en Canadá.

Creo que por una cuestión cultural hay personas que no quedan satisfechas cuando después de una consulta en persona, telefónica o vía Internet, se les dice que no califican para hacer un trámite de inmigración, ya sea una visa de estudiante, trabajo, residencia permanente o ciudadanía. En muchas ocasiones la gente incluso tira el teléfono después de decir “entonces usted no puede hacer nada por mí, no me puede ayudar” o “no me quiere ayudar”.

La realidad es que no se trata de que el profesional no pueda o no quiera hacer nada por la persona, sino que los consultores y los abogados de inmigración honestos trabajan dentro de los parámetros establecidos por la Ley de Inmigración y los reglamentos.

Cada categoría de inmigrante tiene definiciones y reglas que deben cumplirse para calificar, y si el cliente no llena los requisitos establecidos al hacer una evaluación del caso en una consulta, los conocimientos y la experiencia del profesional deberían ser respetados y juegan un papel importante en planear el caso. Porque hay ocasiones en que la persona no califica y no se puede hacer más, hay otras en que la persona no califica en el programa que le interesaba, pero pueden calificar en otro.

Por ejemplo, una persona puede llegar a la oficina con la idea de hacer un trámite de adopción para unos sobrinos huérfanos, pero después de analizar el caso se puede llegar a la conclusión de que los puede patrocinar directamente, como miembros de la familia, sin tener que adoptarlos.

Pero muchas veces, más de lo que nos gusta ver, la persona llega a la oficina con una idea de lo que les gustaría hacer en términos de trámite, no obstante, después de estudiar el caso a fondo, llegamos al fallo de que la persona no califica y por lo tanto no es aconsejable iniciar un proceso sabiendo que el resultado será negativo.

Aquí no se trata de no querer ayudar al cliente, se trata de decirle la verdad y ahorrarle gastar dinero innecesariamente, no hacerlo perder el tiempo, y, en algunos casos, no exponerlo a que termine con una orden de deportación.

Algo muy importante de destacar es que el consultor o abogado trabaja en representación del cliente, pero también trabaja como agente de los tribunales y del Departamento de Inmigración Ciudadanía y Refugio. Y ambos profesionales somos certificados por nuestras asociaciones respectivas y trabajamos con reglas de conducta estrictas.

En este sentido, presentar evidencia al Departamento de Inmigración o a los tribunales sabiendo que la información no es verdadera, no sólo podría resultar en el rechazo del cliente y un cargo por dar declaraciones fraudulentas con una prohibición de hacer ningún trámite durante cinco años, sino que también podría resultar en la perdida de la licencia del profesional. Esto obviamente pone en juego su fuente de ingresos y su reputación, así como también podría enfrentar posibles cargos que, si es encontrado culpable, pueden resultar en una multa de entre $10,000 y $50,000, o cárcel por seis meses a dos años, o una combinación de ambos.

Lamentablemente sabemos que dependiendo del país del cual sea originaria la persona, los procesos pueden ser muy distintos, porque en algunos países los representantes legales ayudan a inventar casos, ayudan al cliente a mentir y se involucran en los procedimientos de sistemas corruptos donde la coima es común. En Canadá este no es el caso.

Por ejemplo, hace tiempo un señor que estaba tramitando su caso como inversionista, después de su entrevista en la cual se le había informado que sería aceptado, le envió una tarjeta al oficial de Inmigración y en ella incluyó $500 como regalo.  Al recibir la tarjeta con lo que el cliente pensó que hacía un regalo de agradecimiento, el oficial de Inmigración de inmediato rechazó el caso acusando al cliente de haber tratado de sobornarlo. Con toda seguridad en su país de origen el regalo hubiese sido aceptado sin ningún problema.

Los oficiales de Inmigración, así como todos los empleados públicos, también trabajan con un código de ética estricto. En parte las reglas dicen que ellos no deben aceptar ningún regalo, hospitalidad u otros beneficios que puedan tener una real o aparente influencia en la toma de decisiones que pudiera poner al oficial en obligaciones con el donante. Esto también lo menciono porque más de una vez clientes nos han preguntado si conocemos a algún oficial que pudiéramos sobornar.

En todos los aspectos de nuestra vida, así como con los trámites de inmigración, todos queremos ciertas cosas y nos decepcionamos cuando no logramos nuestros objetivos.  Pero es muy peligroso el obsesionarse con lo que uno quiere sin escuchar razón. Si más de un profesional le ha dicho que su caso no tiene mérito, lo mejor es escuchar la respuesta y buscar de qué manera se puede mejorar el perfil para que en un futuro se pueda calificar. Puede ser que a la persona le falte mejorar el nivel de inglés y luego podrá iniciar el trámite, puede ser que el interesado esté indocumentado y no haya hecho suficiente trabajo voluntario como para mejorar sus oportunidades de ser aceptado.

Es importante darse cuenta que tanto los consultores como los abogados de inmigración viven de su trabajo, y que lo más fácil y rentable sería tomar el caso aun sabiendo que la persona no califica. Sin embargo, si más de un profesional le aconseja no hacer nada porque estaría gastando su dinero y sería rechazada la solicitud, lo mejor es que no siga buscando escuchar lo que usted desea escuchar.  Porque, así como hay profesionales que siguen las reglas de ética profesional, también hay otros que con gusto se pueden aprovechar de la vulnerabilidad de la persona para sacarle provecho a la situación.

En conclusión, la próxima vez que un profesional no le quiera tomar su dinero porque no cree que su caso tenga mérito, en vez de enojarse y maltratarlo, mejor agradézcale su honestidad.

Vilma Filici

Gobierno de Canadá resolvería problema de detenciones migratorias

Gobierno de Canadá resolvería problema de detenciones migratorias

Gobierno anuncia medidas que buscan resolver el problema de las detenciones migratorias

En diciembre del año pasado, a un amigo se le subió la presión a 220. Fue inmediatamente hospitalizado y estuvo en el hospital durante dos semanas hasta que los médicos lograron bajarle la presión a un nivel normal. Actualmente está controlando su presión con medicamentos y tiene vigilancia médica periódicamente.

Esta semana fui a representar a un cliente que fue detenido por el Departamento de Inmigración por haberse quedado en Canadá seis semanas más de lo permitido con su permiso de visitante. Este joven tuvo un problema y fue arrestado por la policía, quien lo entregó a Inmigración.

Dado que inicialmente tuvo un problema penal no lo mandaron a un Centro de Detención de Inmigración, sino que a una prisión de seguridad máxima. Cuando llegó a la prisión le hicieron un chequeo médico, que es parte del procedimiento de admisión, y encontraron que tenía la presión a 220 sobre 120. Le administraron suero, lo medicaron por un día y ahí se terminó su tratamiento.

Traigo esto a colación porque el Reporte sobre Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas del 2015 menciona la falta de atención médica a los detenidos por el Departamento de Inmigración de Canadá como un problema que se debe solucionar.

En nuestro país, de acuerdo a la organización End Immigration Detention Network, por lo menos 15 personas detenidas y bajo custodia del Departamento de Inmigración han muerto desde el año 2000, y en la mayoría de los casos no se ha hecho pública la causa de su fallecimiento.

Dos de estos inmigrantes fallecidos son hispanos: Francisco Javier Romero Astorga, de origen chileno, murió en el Centro de Corrección Maplehurst, en la provincia de Ontario, el domingo 13 de marzo, mientras estaba encarcelado bajo custodia de la CBSA. En diciembre del 2013 también falleció Lucía Vega Jiménez, originaria de México, en el Centro de Detención de Inmigración de Vancouver, ubicado justamente en las instalaciones del aeropuerto. La causa de su muerte fue suicidio, según dieron a conocer en su oportunidad las autoridades migratorias.

El mes pasado, más de 50 personas que se encuentran detenidas por el Departamento de Inmigración en Ontario tomaron parte en una huelga de hambre para protestar por las condiciones bajo las cuales deben vivir en las prisiones. Exigían una reunión con el Ministro de Seguridad Pública de Canadá, Ralph Goodale, para explicarle su situación, pero su petición no fue atendida.

Sin embargo, como resultado de las protestas y de la amplia cobertura que han brindado los medios de comunicación sobre las condiciones en los Centros de Detenciones de Inmigrantes y en las cárceles de seguridad máxima, así como también sobre las muertes bajo custodia migratoria, el gobierno anunció este 15 de agosto que se ha presupuestado $138 millones de dólares para tratar de resolver las debilidades que existen en el sistema.

El Ministro de Seguridad, quien es el encargado de la Canadian Border Services Agency (CBSA), dijo que se reemplazarán dos centros de detenciones para inmigrantes, uno en Laval, Quebec, y el otro en Vancouver, British Columbia. Aparte del mejoramiento de estos dos centros, también está dentro de los planes el encontrar alternativas a la detención de personas que han infringido a las leyes de inmigración, tales como:

·         Reducir el uso de prisiones para la detención de personas que infringieron las leyes de inmigración;

·         Darle acceso irrestricto a las agencias de servicios a inmigrantes tales como la Cruz Roja y el Comisionado de Refugio de las Naciones Unidas, así como también a consejeros legales y espirituales  para que puedan visitar a los detenidos;

·         Incrementar la transparencia sobre el trato y procesos para los detenidos de Inmigración, y

·         Mejorar el tratamiento de salud física y mental para los detenidos, entre otros aspectos.

Estas propuestas presentadas por las autoridades canadienses efectivamente son un primer paso muy positivo en la búsqueda de resolver los problemas de los detenidos, sin embargo, lo que me preocupa es que ante tanta insistencia de los medios de comunicación y la huelga de hambre, el Ministro esté tomando nada más medidas reactivas sin estudiarlas detenidamente, y por lo tanto sin asegurarse de que los cambios sean en realidad medidas sustantivas en los procedimientos que tengan resultados positivos de largo alcance.

Las detenciones de inmigrantes definitivamente es una falla estructural del sistema migratorio. Es la manera en que se han venido hacienda las cosas desde siempre y lamentablemente no ha habido un análisis objetivo del tratamiento que se le da a los detenidos, no sólo en las cárceles comunes sino que también en los Centros de Detención de Inmigración.

No es necesario hacer un gran análisis para determinar que hay situaciones que no requieren que una persona permanezca detenida, sin embargo, una vez que son capturadas tienen que pasar por todos los procesos establecidos y regirse por las reglas del proceso de detención. Y el problema en estas situaciones se agrava cuando un detenido por razones migratorias es llevado a las cárceles comunes, parece que al final la persona queda detenida en una especie de frontera, de zona gris entre las responsabilidades de las autoridades de Inmigración y las responsabilidades de las autoridades carcelarias, donde no se sabe claramente quién es el responsable de qué en relación al detenido.

En toda esta problemática, uno de los problemas que hasta el momento no cubren las reformas propuestas por el Ministro Goodale es que haya un cuerpo que regule a la CBSA, así como tampoco plantea la creación de un mecanismo de quejas que le permita a las personas afectadas encontrar soluciones cuando existen problemas o abusos generados por la agencia de servicios fronterizos.

¿Qué podemos hacer entonces como inmigrantes para tratar de que se busquen e implementen las soluciones adecuadas a esta problemática?

Primero, hay que tener claro que la razón por lo cual el gobierno está dispuesto a implementar cambios en esta área es por las demostraciones y cabildeo que se ha hecho con respecto al tema. En este sentido, es de suma importancia que las comunidades inmigrantes nos pronunciemos ante esta situación.

También, es imprescindible entender que los detenidos en prisiones por no cumplir con los reglamentos de Inmigración en su mayoría son personas pacíficas y no criminales que pudieran causar daños a los ciudadanos, y que por lo tanto el hecho de que los encierren en cárceles comunes con delincuentes violentos, así como también que los traten como delincuentes, es un castigo que excede gravemente la falta que han cometido.

Vilma Filici

Mitos y realidades de algunos procesos para Inmigrar a Canadá

La experta en inmigración Vilma Filici rompe ciertos mitos relacionados a los procesos migratorios canadienses

Hay ciertos procesos en inmigración que son muy sencillos pero que también pueden ser causa de mucha ansiedad y de muchos errores. Estos son: La Tarjeta de Residencia Permanente, el Estado Implícito y la Autorización para Regresar a Canadá. Voy a tocar cada uno de estos temas y explicar de qué manera funcionan.

Últimamente he recibido muchos comentarios sobre la supuesta invalidación de la residencia permanente en el momento en que la Tarjeta de Residencia Permanente se vence. Esta creencia es completamente errónea. Tenemos que partir de la base de que la tarjeta de residente permanente es un hecho relativamente nuevo, fue introducida con el Acta de Inmigración del 2002 y comenzó a implementarse en el 2004.

La Tarjeta de Residencia Permanente es un documento de viaje y nada más. Esta tarjeta se requiere cuando un residente sale de Canadá ya que para poder regresar debe presentarla a las aerolíneas a fin de que lo dejen abordar. Hay que pensar en la tarjeta como pensamos de nuestros pasaportes. Si la validez de un pasaporte expira, es sólo ese documento que expira, la persona dueña del documento continúa teniendo la misma ciudadanía.

Una persona con la tarjeta vencida puede de todos modos invitar a alguien a visitarlo y patrocinar a alguien. Al mostrar la tarjeta, aun si está vencida, se está comprobando el estatus de la persona, el cual de todos modos los oficiales pueden verificar entrando al sistema global computarizado.

Otro procedimiento que causa mucho estrés a las personas que se encuentran en Canadá procesando una extensión de su visa de turista, visitante o estudios, es el tiempo que se tarda Inmigración en enviar una respuesta después de que la persona remitió el pedido de extensión. Sabemos que si se envía el pedido en línea el cliente recibirá una respuesta entre 22 y 30 días, y si se manda la petición de extensión por correo regular, el trámite se puede demorar entre tres y cuatro meses. La preocupación surge cuando se mandó a pedir la extensión antes de que se venciera el documento y la respuesta no llega, y pasa la fecha de validez del documento que se tiene.

Siempre y cuando la persona haya preparado y solicitado la renovación del documento antes de la fecha de vencimiento del documento anterior, no debe preocuparse, ya que de acuerdo a la ley tiene “Implied Status” o Estado Implícito. Lo que esta sección de ley dice explícitamente es que: A un residente temporal que ha hecho una solicitud para extender el periodo que le fue autorizado para permanecer en el país y que no ha recibido una decisión cuando se le venció ese estatus, se le extiende el periodo hasta el día en que es hecha una decisión (en caso de rechazo) o hasta el final del nuevo periodo que se autorizó en caso de una decisión positiva.

También es importante recordar que la persona continúa teniendo el mismo status que tenía antes de enviar a pedir la extensión. Si la persona es un estudiante, puede seguir estudiando, si la persona es un trabajador temporal, puede seguir trabajando, y si es un visitante puede permanecer en el país como turista.

Hay que tener en cuenta que esto sólo es válido para las personas que han pedido su extensión antes de que venciera el documento. Esto quiere decir que si una persona se quedó sin estatus y pide que le reinstauren el mismo (restauration of status), no tendrá estatus legal hasta recibir su nuevo documento, y por lo tanto no podrá estudia ni trabajar.

Hay otras situaciones que son muy confusas y que han llevado a personas a gastar mucho dinero para venir a Canadá para luego verse forzadas a regresarse desde el aeropuerto, o terminar en centros de detención de inmigración, porque son inadmisibles a Canadá por haber tenido una orden de deportación en el pasado.

La pregunta que he escuchado a menudo es: “si ahora tengo pasaporte de un país que es exento del requisito de solicitar una visa de visitante, como los países de Europa, ¿al llegar al puerto de entrada puedo entrar sin problemas si alguna vez fui deportado con el pasaporte de mi país de nacimiento?

La respuesta es “no”.  La persona que fue deportada y tiene un pasaporte de un país que no requiere visa sigue siendo inadmisible a Canadá por haber sido deportada. El tener un pasaporte de un país que no requiere visa le permite abordar un avión o nave para llegar a Canadá, pero al llegar al puerto de entrada, sea un aeropuerto o la frontera terrestre, el oficial que lo examine en la entrada va a ver en las computadoras que la persona fue deportada de Canadá.

La ley dice que una persona que fue deportada no puede regresar nunca a menos que obtenga una autorización para regresar a Canadá. No importa de donde venga ni con que pasaporte venga. Si la persona se arriesga a llegar al puerto de entrada el oficial no tiene opción, no le puede permitir la entrada porque no cumple con el requisito legal.

El oficial tiene el poder de ordenar que la persona regrese, puede detenerla o puede involucrar a la policía montada y se le pueden hacer cargos criminales.

Para evitar todo este tipo de complicaciones, la mejor opción que tienen las personas interesadas en viajar a Canadá, o que ya están residiendo de forma temporal en el país, es asesorarse bien con profesionales debidamente acreditados. Deben consultar con un asesor o con un abogado de Inmigración que conozca las leyes migratorias canadienses para estar seguros que los procedimientos que están empleando o que desean utilizar son los adecuados, y que por lo tanto tendrán asegurado su ingreso y/o permanencia en este país.

Recuerde que una consulta a tiempo le puede ahorrar dinero, tiempo y muchos dolores de cabeza.

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